Jueves, 11 de Septiembre de 2025

DDT
Lunes, 16 de Marzo de 2020
En su huida atropelló a un policía y se le podría acusar de atentado contra la autoridad

La Policia Nacional detiene a un ciclista por saltarse el estado de alarma y podría enfrentarse a una multa de 30.000 euros y cuatro años de cárcel

El primer día de confinamiento en España por el Estado de Alarma transcurrido con calles prácticamente vacías en todo el país y sin incidentes, salvo algunos casos aislados como el de un ciclista en Almería que fue detenido por saltarse un alto y atropellar a un policía.

 

La Policía Nacional detuvo en la tarde del pasado domingo a un ciclista que fue acusado de atentado contra agente de la autoridad con lesiones tras saltarse un alto en el paseo marítimo en el marco de restricciones de movimiento por el estado de alarma decretado por el avance del coronavirus.

 

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Fuentes de la Policía  señalaron en un audio a los medios de comunicación que el suceso se produjo sobre las 13,50 horas, cuando una patrulla de su Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que patrullaba el paseo se aproximó al ciclista para recordarle la obligatoriedad de permanecer en su domicilio y, cuando los agentes iban a identificarlo, huyó.

 

Así empezó una persecución hasta que el ciclista llegó a una calle, donde se encontró con otra patrulla dándole el alto, y en su intento de escapar atropelló a un agente de esta, al que ocasiono lesiones leves, concretamente la falange de un dedo rota y contusiones en una rodilla. Por estos hechos, este ciudadano fue detenido y está acusado de atentado a agente de la autoridad con lesiones.

 

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Multas de hasta 600.000 euros y penas de cárcel

 

Ese incumplimiento puede acarrear sanciones para los ciudadanos que van desde multas de 100 euros hasta pena de tres meses de cárcel por un delito de desobediencia y de cuatro años por atentado a la autoridad.

 

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Por ejemplo, están previstas multas de entre 100 y 600 euros por retirar una valla o precinto; de hasta 30.000 euros por negarse a identificarse ante un agente o de hasta 600.000 por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población.

 

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